El tema gasto versus funcionarios sigue y sigue, por más que muchos digamos y redigamos que los funcionarios no son la cabeza de turco. A nivel popular y alguno público -como el Sr. Beteta, Secretario de Estado de Administraciones Públicas o miembros del Eurogrupo o de la Eurozona-, siguen empecinados en que la solución pasa por bajar una vez más el sueldo a los funcionarios, meterles en cintura, quitarles derechos adquiridos por el tiempo a costa de su sueldo y subir el IVA.
Veamos, si se ha demostrado con creces que la subida del IVA no ha reportado beneficios al Estado como esperaban esos impagables cerebros-mentes-pensantes-economistas-del-mundo-mundial, ¿porqué empecinarse en seguir pidiendo que el IVA tiene que subir?. A esas personas cuya mayoría ni viven ni se les espera en esta piel de toro, están acostumbrados a unos niveles de sueldo y de gasto general social que es imposible darse en España. Puedes pedir una subida del IVA a países como Alemania, Francia, Inglaterra, Suecia, Dinamarca..., pero no a España, donde el nivel de consumo está bajo mínimos, otra subida del IVA provocará sin duda una nula adquisición de bienes.
Se olvidan que España en un país donde algo más de 6 millones de ciudadanos aún tienen trabajo, donde más del 40% de desempleados son menores de 35 años, donde los ERE'S pululan por cualquier esquina. Subir el IVA es literalmente contraproducente.
Sobre los funcionarios, donde el general de la población no distingue los de oposición, de los asesores o enchufados del partido político en el poder, de los de las comunidades autónomas ni de los ayuntamientos. El Estado o la Administración Central tiene como funcionarios propios por oposición, la cifra aproximada de 500.000 efectivos para toda España, cifra muy por debajo de la media Europea. Pero si sumamos los asesores a dedo, los idem de idem en ayuntamientos y comunidades, la cifra si se dispara. Además, y ahora viene mi dedo en la herida, los funcionarios fetén, además de realizar horrorosas oposiciones para ganar una miseria -tanto en época de bonanza como en la que ahora nos toca vivir-, tienen la gran mayoría carrera universitaria. Pero esto, mis queridos amigos no se cumple con la clase política que llega al poder; ni oposiciones y algunos ni carrera universitaria. Desde la época de Felipe González, la "calidad" de los miembros del Gobierno ha ido a menos de forma concienzuda. Muchos no son ni funcionarios y cuantos Ministros y otros altos cargos que hemos tenido, no son ni universitarios. Resumen, para ser político no se exige nada y si llegas a tocar poder, tampoco. Estamos en una sociedad límite, sin valores, hemos vivido muy por encima de nuestras posibilidades no por culpa de los ciudadanos sino de los que nos han gobernado. En una casa, salvo descerebrados, que los hay; no gastan por encima de sus posibilidades. Para esto no hace falta ser premio Nobel de economía, hace falta sentido común. Sentido que falta en el Estado.
Ahora toca enmendar la plana, corregir la multitud de desaguisados y tropelías que se han realizado, el Estado tiene que dejar de ser "papá estado".
Mi amiga la estanquera "rojilla", me hace llegar un correo y dos enlaces. Uno va firmado por un catedrático y versa sobre los funcionarios, otro es un resumen de una entrevista radiofónica en la cadena Ser a la actual Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato y por último un video de la alcalde de Madrid y esposa del Sr. Aznar, Ana Botella. Sin comentarios.
Así lo pienso, así lo digo. Amigos. Abrazos y besos según corresponda.
A continuación incluyo los tres elementos indicados.
Si por un casual el texto del Catedrático D. Francisco Bastida, no fuese suyo, declino cualquier responsabilidad, aunque sería corregido de inmediato ya que circula por la red y yo lo plasmo tal cual.
Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las
víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de
su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al
horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el
agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la
Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de
mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más
de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de
los funcionarios se aplauden de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa
de los gobernantes por ver ratificada su decisión.
Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se
envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el
empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible;
pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de
la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que
es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece
constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al
mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza
«en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede
«expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente
previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos
funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no
funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con
el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin
tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.
Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado
son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en
el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a
gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los
ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y
controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser
representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del
funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el
gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta
estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido,
cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la
Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una
hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha
suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a
puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del
complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha
conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos
de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la
definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los
tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una
corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y
con el fallo en los controles para atajarla.
Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se
tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos
en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal
sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es
comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se
quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general
para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o
privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario
del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje
media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de
trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los
llamados «moscosos» o días de
libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en
especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la
Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a
quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros.
La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver
cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo
estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para
dividir a los paganos.
En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a
ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría
de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si
sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de
enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo
más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a
practicarlos de manera más discreta.
Francisco J. Bastida.
Catedrático de Derecho Constitucional.
Universidad de Oviedo.
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La entrevista a Ana Mato.
http://www.cadenaser.com/espana/audios/explicaciones-anamato/csrcsrpor/20120418csrcsrnac_11/Aes/
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Ana Botella en el estado de la ciudad de Madrid.
http://youtu.be/sVnpOGIzoGw
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Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein.
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